Wednesday, December 18, 2019

LOS ESFUERZOS DE LA DICTADURA CONTRA EL TRIBUNAL VENEZOLANO

Los esfuerzos por secuestrar al Tribunal venezolano y los turbios propósitos detrás

Chantajes, extorsiones y promesas. Todo de cara a enero con la intención de construir la cohabitación con el chavismo y levantar algunas sanciones



El actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, 
Miguel Ángel Martín, quien enfrenta un intento de golpe de Estado en la Corte.




Hace unos años, cuando Raúl Gorrín aún podía entrar a Estados Unidos, se reunió en una lujosa isla privada con Carlos Mendez, el empresario venezolano que hoy es uno de los propietarios del medio EVTV Miami. Otro de los accionistas de EVTV Miami, quien en el 2015 aparecía como director principal del medio según el documento constitutivo de la empresa, es Antonio Marval, hoy magistrado del legítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio. Tanto Marval como Mendez, con EVTV, son acusados de estar detrás, junto a otros factores políticos, de una maniobra para secuestrar el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y ponerlo a disposición de partidos.

Varios magistrados y otras fuentes denunciaron al PanAm Post los esfuerzos y las operaciones políticas para hacerse del Tribunal, reemplazar a su presidente, Miguel Ángel Martín; y evitar que la legítima institución se convierta en un obstáculo en las próximas semanas, que serán claves para construir la cohabitación con el chavismo. 
Los proyectos
En julio de 2017, luego de presiones por parte de la sociedad civil a partir de un plebiscito en el que se acordó la renovación de las instituciones, la Asamblea Nacional de Venezuela juramentó a 33 magistrados que pasaron a conformar el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Una feroz persecución del chavismo los llevó al exilio. Gracias al respaldo de instituciones como la Organización de Estados Americanos o el Congreso colombiano, el Tribunal se pudo establecer en el destierro y capitaneó una cruzada por imponer justicia.
Bajo la presidencia de Miguel Ángel Martín se impulsó el antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro, se acompañó la presidencia interina de Juan Guaidó y se puso sobre la mesa la discusión sobre la asistencia militar de otra nación para liberar a Venezuela. «El Tribunal Supremo de Justicia exhorta la conformación de una coalición militar internacional en misión de paz para ejecutar canal humanitario», se lee en un tuit de la Corte de febrero de este año.
Sin embargo, como cuatro magistrados del Tribunal denunciaron a este medio, Miguel Ángel Martín se ha vuelto incómodo para los partidos opositores de Venezuela porque no logran controlarlo. En concreto, Martín y los magistrados que lo apoyan no son una herramienta de los partidos políticos.
Debido a su presidencia indómita, ahora que se vence el período de Martín, los partidos y algunas facciones políticas están buscando imponer a Antonio Marval como cabeza de la junta directiva del Tribunal Supremo de Justicia para el próximo período de dos años.
Según denunciaron cuatro fuentes legislativas al PanAm Post (dos, militantes del partido Acción Democrática; y las otras dos, diputados de otros partidos opositores), los esfuerzos se deben a la urgencia de tener dominado al Tribunal —que hasta ahora ha sido una institución rebelde—, en enero, cuando se tenga que votar la nueva junta directiva del Parlamento y, por lo tanto, la continuidad o no de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
De acuerdo con uno de los diputados de Acción Democrática y el de otro partido perteneciente al G4, se maneja el proyecto de una articulación entre el Tribunal en el exilio y el ilegítimo, que dirige el chavista Maikel Moreno, para avalar una eventual presidencia de Henry Ramos Allup en el Parlamento. Según dijeron bajo condición de anonimato ambos diputados al PanAm Post, «el Tribunal de Maikel Moreno estaría dispuesto a reconocer a la Asamblea Nacional opositora y levantar el desacato con una presidencia de Henry Ramos Allup». «Esto lo haría en sintonía con el Tribunal en el exilio, obviamente bajo la presidencia de Antonio Marval. Por eso necesitan sacar a Martín», aseguró el diputado de Acción Democrática, cuya versión coincide con la del miembro del otro partido. Sin embargo, aunque la narrativa es similar, el otro diputado de Acción Democrática aseguró al PanAm Post que no solo se contempla el nombre de Henry Ramos Allup; también está el de Edgar Zambrano. «Edgar también sería el hombre que lograría que levanten el desacato», dijo, «y son ficticias esas supuestas fricciones entre él y Ramos Allup. De hecho, su presidencia podría contar con el impulso de Ramos Allup».
El cuarto diputado consultado aseguró no estar al tanto de este proyecto; sin embargo, dijo al PanAm Post que los esfuerzos por quitarle el Tribunal Supremo de Justicia a Miguel Ángel Martín son para poder utilizar a esta institución, reconocida también por el Gobierno de Estados Unidos, como herramienta para cabildear a favor del levantamiento de las sanciones contra individuos vinculados al régimen de Nicolás Maduro. La fuente mencionó con insistencia el nombre de Raúl Gorrín. Esto último tiene relación con lo denunciado al PanAm Post por el diputado de Acción Democrática, ya que, según dijo, es un individuo el que está tanteando a los otros diputados para saber si estarían dispuestos a apoyar la candidatura de Henry Ramos Allup como presidente, nuevamente, del Parlamento: el diputado de Primero Justicia, José Gregorio Correa.
En mayo de este año, una fuente anónima que trabajó en Globovisión dijo a la periodista de El Pitazo, Andrea Tosta, que desde que Raúl Gorrín compró el canal, varios líderes opositores, como María Corina Machado o Juan Guaidó, habían sido vetados en el medio; sin embargo, «no toda la oposición está vetada en el canal 11». La fuente dijo a El Pitazo que «Henry Ramos Allup y José Gregorio Correa tienen muy buena relación» con Raúl Gorrín. Ya antes, el magistrado del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia chavista que logró huir de Venezuela, Christian Zerpa, había dicho al Diario Las Américas que «José Gregorio Correa está en la nómina de Gorrín y ha impulsado acercamientos entre Gorrín con otros sectores de la oposición como Acción Democrática».



De izquierda a derecha: el periodista Eduardo Rodríguez, Raúl Gorrín,
 el diputado Francisco Sucre y el diputado José Gregorio Correa.
Dos magistrados consultados, que viven actualmente en Estados Unidos, dijeron estar al tanto de la intención de utilizar al Tribunal de Justicia para cabildear a favor de individuos sancionados. De hecho, según denunciaron al PanAm Post, «ya se nos han acercado para ver la posibilidad de que mediemos por el levantamiento de las sanciones».
Lo anterior son los propósitos. Es un plan que se busca armar y, para ello, se han invertido meses de viajes, llamadas telefónicas, presiones e injerencia de una institución en otra para lograr tener el control del Tribunal Supremo de Justicia y apartar el obstáculo que representan Miguel Ángel Martín, sus relaciones con Luis Almagro y el Gobierno de Colombia. Los esfuerzos por construir la cohabitación son muchos. Desde comunicacionales, con un medio miamense a la cabeza, hasta políticos, con dos diputados dirigiendo el asedio. 
Los esfuerzos
El dos de diciembre el primer medio en anunciar la supuesta designación de Marval como nuevo presidente del TSJ fue EVTV Miami. Con un tuit, empezaron a armar la narrativa:
Sin embargo, su designación es ilegítima. Se trata, de hecho, de una «autoproclamación». El magistrado del Tribunal, Gustavo Sosa, explicó al PanAm Post que Marval no contó con el quórum para que la plenaria iniciara y, por lo tanto, para que se votara la conformación de la nueva junta directiva de la Corte. «El quórum para instalar la plenaria, como lo define la ley, es de 17 magistrados. Ese día, entre los que estaban presentes y por Skype, solo hubo 14. Tiene que haber la instalación. Si no hay instalación, no hay plenaria. Si no hay plenaria, no puede haber ningún tipo de decisión sobre ningún asunto. No pudo haberse dado la votación», dijo Sosa al PanAm Post.
Al ser consultado, Antonio Marval defendió su designación y aseguró que es legítima. «Trece magistrados de 25 votamos para hacer cumplir el derecho y las previsiones contenidas en el artículo 23 del Reglamento interno del TSJ (…) No me autoproclamé. Fui electo. Tengo derecho a elegir y ser elegido. Era la tercera convocatoria a plenaria. Los que responsablemente asistimos a todas, ahora somos descalificados por un grupo cuyo origen es conocido», dijo al PanAm Post.
También, aseveró: «El lapso de duración de la junta directiva saliente estaba vencido. Nos correspondía dar el ejemplo de apego a la Constitución y a las leyes».
Sin embargo, aunque Marval ahora insiste en que sí hubo quórum y que trece magistrados se presentaron a la plenaria y votaron, en una entrevista a EVTV, del 15 de noviembre, él mismo reconoce que ese día no se pudo votar la designación de la junta directiva porque no hubo el quórum reglamentario de «17 magistrados».
El día de la autoproclamación de Marval se intentaba por tercera vez la instalación de la plenaria para la designación de la nueva junta directiva. Los magistrados que se oponían a Marval habían decidido no prestarse para el quórum y, por lo tanto, dilatar lo más posible la instalación de una plenaria en la que se votara la junta directiva. Pero el tiempo no estaba a favor de Miguel Ángel Martín. Sin contar con recursos o la influencia política de los partidos, para Martín era cada vez más difícil mantener el apoyo de unos magistrados que diariamente eran sometidos a presiones y chantajes. Los del otro bando gozaban, no solo de intensidad, sino de muchos más recursos.
En una carta privada con fecha 19 de octubre de este año, Antonio Marval anunciaba a los magistrados su candidatura a la presidencia del Tribunal. Lo hacía en un texto cuyo propósito inicial, de hecho, no era ese; sino «hacer de su conocimiento información cierta referente a la tramitación de finanzas para el Tribunal». En la misiva, que se hizo pública por filtraciones, Marval se ufanaba de su relación con el presidente Juan Guaidó y sugería que, por ella, lograría brindarle ayuda económica a los magistrados.
«El requerimiento de los fondos necesarios para la operatividad y financiamiento de nuestra instancia judicial fue presentado al presidente Guaidó (…) La estructura de gastos fue recibida por la máxima autoridad del Ejecutivo para que estuviera en cuenta de las necesidades del Tribunal (…) En estos momentos, en que el legítimo Poder Ejecutivo está trabajando en el proyecto del Plan País como acción para implementar el cese de la usurpación, consideramos importante que dentro de ese trabajo estemos incluidos como integrantes del máximo órgano judicial». Todo lo anterior lo dice Marval para, luego, anunciar: «Con lo expuesto anteriormente y en espera de una respuesta por parte de nuestro presidente, quiero agregar y hacer pública mi aspiración a la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela».
Antonio Marval también dice a los demás magistrados: «Siempre he tenido como norte la búsqueda de soluciones para la totalidad de los magistrados, considerando que debemos ayudarnos mutuamente, pues el problema de un magistrado debe ser el problema de todos».
Por último, subraya que «este gran grupo de magistrados ha vivido en emergencia desde que tuvimos que salir de nuestro país en la forma abrupta e inesperada en que lo hicimos». Y en este punto tiene razón. Hoy gran parte de los magistrados del Tribunal se bandea entre lavar platos, hacer de repartidores o conductores de Uber. La situación es dramática. En consecuencia, es una oportunidad para quien pueda ofrecer un mayor flujo de recursos que Miguel Ángel Martín.
El chantaje de la carta privada sería solo un primer y bastante inocente esfuerzo. El bautizo de una operación amplia y agresiva a la que se sumarían los diputados Luis Florido, ahora de Un Nuevo Tiempo pero exmilitante de Voluntad Popular; y Sonia Medina, de la tolda naranja.
Luego del acto de autoproclamación de Marval, 11 magistrados enviaron una carta al presidente Juan Guaidó aclarándole que la designación de la junta directiva se había hecho «violando de manera flagrante las disposiciones legales y reglamentarias que rigen nuestro funcionamiento». En esa misma carta, con fecha 7 de diciembre, los magistrados denunciaron injerencia en el Tribunal Supremo de Justicia: «Rechazamos la intervención de terceros que vulneran los postulados de la independencia del Poder Judicial, prevista en los artículos 136 y 245 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».
En concreto, según aseguraron cuatro magistrados al PanAm Post, la carta se refería a la intromisión del Poder Legislativo en los asuntos del Poder Judicial. Diputados tratando de persuadir a magistrados.
Ya en el PanAm Post habíamos hecho pública la información sobre un almuerzo que hubo en Bogotá el 10 de octubre de 2017 en el que el diputado de Acción Democrática, Edgar Zambrano, se reunió con los entonces magistrados Gonzalo Oliveros, Gonzalo Álvarez y Alejandro Rebolledo (los tres renunciaron); y con los magistrados Evelyna D’Apollo, Rafael Ortega, José Luis Rodríguez y Rubén Carrillo. En ese almuerzo Edgar Zambrano, junto al magistrado Rebolledo, trataron de disuadir a los demás magistrados de conformar el Tribunal Supremo de Justicia y les insinuaron que ellos podían asistirlos económicamente. Se trataba de una primera gran injerencia del Legislativo en los asuntos del Tribunal. Pero algo muy naïve para lo que vendría después.
Otra gran intromisión se dio recientemente también en Bogotá. Ahora con dos nuevos actores: «Los diputados Sonia Medina y Luis Florido, a través de Gaby Arellano, nos contactaron para ir a una actividad en el Congreso», dijo al PanAm Post un magistrado, quien prefirió reservar su nombre.
«Venían a informarnos a nosotros que para las elecciones del Tribunal debíamos votar por Antonio Marval. Decían que, por el principio de alternabilidad, Miguel Ángel debía salir del Tribunal. Florido hizo mucho hincapié en que ellos eran enviados del presidente Guaidó», aseguró el magistrado. También dijo que no respaldaba la candidatura de Marval porque él «nunca ha trabajado por el Tribunal. Desde que está en Miami, él ha estado más vinculado es con EVTV. No asistía a las reuniones plenarias ni a las reuniones de la junta directiva».
Otros dos magistrados, uno de un país de Latinoamérica y otro de una nación centroamericana ofrecieron testimonios que coinciden con lo señalado por el funcionario en Bogotá. Tanto Luis Florido como Sonia Medina los llamaron a ambos y los presionaron. A uno de ellos, de hecho, le dijo el diputado Florido, según cuenta: «¿Quieres volver a Venezuela? ¿Te gustaría regresar a Venezuela? Ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Hay que salir de Miguel Ángel Martín».
Otro magistrado confirmó las presiones de los diputados Florido y Medina al Tribunal para restarle apoyo a Martín. E hizo referencia a una fotografía tomada en Miami que trascendió: en un restaurante, Florido almorzando con los magistrados Antonio Marval, Gabriel Callejas y Cruz Graterol.
Según confirmaron dos fuentes relacionados al caso, mientras estuvo en Miami estas últimas semanas, fraguando la toma de la Corte, Florido se hospedó en la «suite presidencial» del hotel Aloft en Coral Gables. En una nota publicada en la web de EVTV Miami, se lee: «Carlos Méndez, Pedro Villar, Francisco Arocha y Antonio Herrera hicieron posible que hoy Miami pueda disfrutar de espacios acogedores en el Aloft Coral Gables Center». En el medio South Florida Citybiz, se lee que el hotel Aloft es liderado por el «Metropolitan Group, una asociación entre Francisco Arocha de HES Group, Pedro Villar de Sunview Companies y Carlos Méndez».
Al ser consultado sobre todo el artículo, Carlos Méndez dijo que no tiene nada que comentar. Luis Florido, por su parte, dijo al PanAm Post: «No tengo ni tendré interés en referirme al tema». Marval, en cambio, sí comentó las reuniones que ha sostenido con Luis Florido: «Me he reunido con él, al igual que con otros diputados de la Asamblea Nacional, con los que he tenido y tengo las mejores relaciones institucionales. Los encuentros que puedo haber tenido y seguiré teniendo son en pro de los fines democráticos. No han sido, ni lo serán, para propiciar interferencias de ninguna índole. Parece que quienes utilizar ese falaz argumento olvidan que fue la Asamblea Nacional, conformada por esos diputados, la que nos eligió, y que existe un principio constitucional de colaboración entre Poderes Públicos».
Antonio Marval también se explayó con el PanAm Post sobre su vínculo con Carlos Méndez y el medio EVTV Miami. Según dijo, tiene «una relación de amistad fraterna con Carlos Méndez, que data desde hace más de 40 años. Es la verdad absoluta y en ningún caso me descalifica para mis aspiraciones profesionales, laborales o personales». Sobre EVTV, si bien sí formó parte de la junta directiva del medio, se apartó en febrero de 2017. «El abogado Carlos Aguilar fue designado nuevo director de EVTV»dijo al PanAm Post.



Diputado Luis Florido junto a magistrados del Tribunal.
Propietarios del hotel Aloft junto al alcalde de Coral Gables, Raúl Valdés Fauli. 
Al extremo a la izquierda, Carlos Méndez.
Se trata de salir de Miguel Ángel Martín. Ello queda confirmado en un audio al que tuvo acceso el PanAm Post. En él, el magistrado Pedro Troconis, presidente de la sala penal y amigo de Luis Florido, dice a unos «estimados magistrados, futuros miembros de la junta directiva», que los magistrados Oliveros, Rebolledo y Álvares, aunque renunciaron a sus cargos, pueden reincorporarse al Tribunal para lograr los objetivos de tomar la Corte.
«Como [los magistrados que renunciaron] saben que el problema es sacar a Miguel Ángel, están prestos a participar, retornar, con una carta escrita a la junta directiva donde dicen que se reincorporan a sus cargos nuevamente. Esto nos trae como consecuencia que, siendo 14 más estos cuatro magistrados, somos 18. Teniendo la mayoría absoluta para el quórum y para la elección», dice Troconis en el audio filtrado al PanAm Post.
Los intentos, incesantes, aún no se concretan. El gran acto del dos de diciembre, por apresurado y torpe, le ha costado bastante al magistrado Antonio Marval. Sin embargo, contó con importantes apoyos. No solamente varios medios, luego de la iniciativa de EVTV, salieron a anunciar su supuesta designación como presidente de la Corte. También un actor político de mucho peso: la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien dos días después de la autoproclamación, publicó un tuit reconociendo a la junta directiva de Antonio Marval.
Aún la Asamblea Nacional y el presidente Juan Guaidó no se han pronunciado sobre el conflicto institucional que atraviesa el Tribunal. Se podría decir que tienen la última palabra. No obstante, aunque desde el Parlamento se fraguó la toma de la Corte, el costo político de avalar el coup d’Etat es muy alto. Pero existe, al mismo tiempo, la urgencia de dominar el Tribunal para los primeros días de enero. Todos aguantan. Queda por ver quién resiste más.
Algunos documentos:

Lo anterior: reporte anual y documento de constitución de EVTV Miami.


Lo anterior: Carlos Aguilar como nuevo director de EVTV Miami.


Lo anterior: carta de Antonio Marval a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.


Lo anterior: carta de magistrados al presidente Juan Guaidó en la que denuncian la intromisión en los asuntos del Parlamento y la ilegal designación de la junta directiva de Antonio Marval.



Antonio Marval junto a Carlos Méndez en EVTV Miami.
Lo anterior: Antonio Marval junto a Carlos Méndez en EVTV Miami.




Antonio Marval junto a Carlos Méndez en la lujosa isla privada Fisher Island.
Lo anterior: Antonio Marval junto a Carlos Méndez en la lujosa isla privada Fisher Island, donde Méndez tiene una propiedad.

No comments:

Post a Comment