Los embajadores de la ONU de 37 países publicaron el viernes una carta en la que defendían el trato de China
a minorías en la región de Xinjiang, donde el gigante asiático tiene un
campo de concentración donde se han presentado diversas violaciones a
derechos humanos. Dicha carta surge como respuesta directa a las
críticas de organizaciones y gobiernos a principios de esta semana.
La UE, junto con Australia, Canadá, Japón y Nueva
Zelanda, había firmado previamente un texto que denunciaba la conducta
de China en Xinjiang, donde, según sus informes, un millón de personas
se encuentran recluidos en campos de internamiento.
Cuba y Venezuela
hicieron parte de los países que elogiaron las acciones del gobierno
chino que desde la llegada de Xi Jinping ha fortalecido sus acciones en
la búsqueda de una sola China, enfocando sus esfuerzos en eliminar
cualquier atisbo de libertad, de autodeterminación o de expresión
cultural contraria a los valores del partido comunista. Entre las
estrategias, se encuentra la fuerte presión política y económica que se
ha venido dando sobre quienes comercian o se relacionan con Taiwán,
modificaciones en la estructura académica de Hong Kong, aunque sin
éxito, y una persecución continua a quienes promuevan la independencia
de cualquier region en el gigante asiático, como es el caso de los
uigures, la minoría étnica más afectada con estos campos de
concentración en Xinjiang.
Los
uigures son una minoría musulmana que habita la región de Sinkiang,
que oficialmente se denomina región autónoma Uigur de Sinkinag, en
China, y en algunas partes de Kazajistán y Kirguizistán. Esta minoría
étnica, al igual que el Tíbet, ha querido declarar su independencia en
múltiples ocasiones, incluso desde antes de la llegada del partido
comunista en 1949. Sin embargo, el gobierno de Beijing ha perseguido y
encarcelado a los líderes más activos de esta comunidad, llegando a
reducir sus actividades comerciales, religiosas y culturales, según
investigaciones de la BBC. Pekín, por su parte, ha intentado relacionar
a integrantes de esta comunidad con miembros de al-Qaeda, sin
embargo, investigaciones de Naciones Unidas no lograron probar tal
situación. Los campos de concentración tampoco parecen ir encaminados a
ser una medida antiterrorista, ya que son campos destinados, según
Beijing, a la formación profesional, y añaden que lo que buscan es una
transformación del pensamiento de los reclusos.
Las actividades en la región son fuertemente vigiladas
por el gobierno. La prensa y los turistas tienen prohibido el acceso a
determinadas zonas y la información es controlada. Adicionalmente, el
medio británico BBC ha comunicado que el diario estadounidense The New York Times, el portal especializado Motherboard, de Vice Media; el periódico SZ y el canal de ese mismo país NDR, así como el británico The Guardian,
sumaron esfuerzos y analizaron una controvertida aplicación, denominada
BXAQ o Fengcai, un nombre que evoca en chino a «abejas recolectando
polen». Se trata de una aplicación que descarga todos los archivos
privados de turistas y visitantes en el área de Xinjiang. La
aplicación es instalada, según el diario británico, sin que los
propietarios de teléfonos Android se den cuenta, mientras que con los
propietarios de celulares con sistema IOS, la operación se realiza
manualmente.
Según detalla a BBC Mundo Nicolas Richter, del equipo investigador del SZ,
el programa que instalan en las zonas fronterizas busca en el teléfono
cosas en concreto, como contenido extremista islámico, libros
académicos sobre el Islam, información relacionada con el Tíbet o Taiwán
e incluso canciones de un grupo de música metal de Japón (que cuenta
con una canción sobre Taiwán).
«La app contiene una base de datos conformada por 73
000 documentos que el gobierno chino considera ‘sospechosos’. Si tienes
alguno de ellos en el teléfono, o has accedido a estos, la app lo
encontrará y notificará a los agentes», detalla Richter.
En respuesta, un grupo de países, entre ellos Cuba,
Venezuela, Rusia, Arabia Saudita, Nigeria, Argelia y Corea del Norte,
dieron su apoyo a Beijing. «Elogiamos los notables logros de China en el
campo de los derechos humanos. Tomamos nota de que el terrorismo, el
separatismo y el extremismo religioso han causado enormes daños a las
personas de todos los grupos étnicos en Xinjiang», mencionaba la carta
firmada por más de 33 naciones, que además resalta los supuestos
esfuerzos hechos por China en pro de los derechos humanos. Previamente,
el gobierno de Beijing desestimó las pruebas y cartas que denunciaban
los campos de concentración y las trató de calumnias . Después de negar
inicialmente su existencia, Beijing se lanzó a una campaña de relaciones
públicas en un intento por contrarrestar la protesta mundial contra lo
que llama «centros de educación vocacional» en Xinjiang.
Michelle Bachelet,
alta comisionada de derechos humanos de la ONU, solicitó una misión de
investigación a Xinjiang, a la cual el gobierno chino ha respondido
positivamente. Sin embargo, para organizaciones que han denunciado los
hechos, la misión de observación pareciera no ser suficiente, sobre todo
teniendo en cuenta el descontento frente a Bachelet a causa de su
actitud pasiva frente a los vejámenes causados por la dictadura
venezolana, país que apoya dichos campos de concentración.
El gobierno de Pekín, ha comenzado una campaña para
que diplomáticos y medios de comunicación visiten algunas de las áreas
donde, incluso, se han separado menores de sus familias pertenecientes a
la comunidad Uighures, la minoría musulmana que se ha visto más
afectada. Con esta campaña, China busca mostrar que se trata de un
ejercicio donde el Estado vela por la seguridad de los ciudadanos y es
capaz de controlar a quienes por sus creencias o su moral, atentarían
contra el gigante asiático. Una circunstancia similar a la que se ha
vivido en Venezuela, donde miembros de la comunidad internacional
terminan elogiando o restando importancia a las acciones de Maduro.
La actuales manifestaciones de Hong Kong, a las cuales
se han sumado ciudadanos en Reino Unido, Taiwán, Australia, Japón y
Estados Unidos, han evidenciado que las acciones y la creciente
injerencia de Beijing y de sus aliados son cada vez más contundentes en
contra de la libertad al rededor del mundo. Latinoamérica no es ajeno a
esta situación: la dictadura en Venezuela ha recibido un fuerte respaldo
militar, político y económico de China. Además, el intervencionismo
estatal propio de los gobiernos latinoamericanos que pretenden hacer
todo tipo de políticas para dirigir y planear la economía, y el
desarrollo de las regiones, han beneficiado con su silencio al gobierno
de Beijing, que ha puesto en marcha un gran numero de planes de
financiamiento y cooperación en la construcción de estructuras urbanas y
tecnológicas, restándole importancia a las acciones que el poderoso
asiático haga en contra de la libertad.
Camilo Bello, consultor con estudios en Derecho
enfocado en la pequeña empresa, con experiencia en gestión estratégica.
Coordinador de Estudiantes por la Libertad para Hong Kong y Taiwán @camilobellom
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