Saturday, June 16, 2018

ARGENTINA HACIA LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO



Manifestantes festejan la legalización del aborto frente al Congreso argentino. (JORGE SAENZ/AP)
"Es mi cuerpo, yo decido", "Saquen sus rosarios de nuestros ovarios", "Ni una menos por aborto clandestino", vitorearon decenas de miles de personas –en su mayoría chicas jóvenes– en las afueras del Congreso durante las más de veinte horas que duró el pleno que decidió, este jueves, la despenalización del aborto en Argentina.
Los alrededores de la sede del Legislativo argentino estaban divididos en dos zonas: una para los manifestantes a favor de la legalización del aborto y la otra para los detractores de tal medida. Pero la marea verde –el color que identifica a los partidarios de la despenalización– era indiscutiblemente superior.
Y esta ha sido una de las claves de la votación. La movilización social, en particular de las organizaciones feministas, ha sido fortísima durante estas semanas para incidir en la decisión de los diputados.
No era para menos. Apenas unos días antes del voto, el no a la legalización del aborto se imponía por una ligera minoría y unos treinta diputados (sobre un total de 257) se mostraban aún indecisos.
Finalmente, este jueves, después de una sesión maratónica, que se prolongó durante 23 horas, y agónica, pues el suspenso duró hasta el último minuto, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención.
En lo adelante, si pasa el rasero del Senado, la ley permitirá que las mujeres aborten durante las primeras 14 semanas de gestación y extiende el plazo en casos de violación, riesgos de vida para la madre y malformación fetal. Argentina sería así el tercer país en América Latina, después de Cuba y Uruguay, en legalizar el aborto.
Una prohibición con consecuencias nefastas
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Hasta ahora, la legislación argentina tolera la interrupción voluntaria del embarazo solo en casos de violación o si la vida de la madre corría peligro. Además, contempla penas de entre uno y cuatro años de cárcel para las mujeres que contravengan este marco.
Desde la vuelta a la democracia, en 1983, hubo siete iniciativas legislativas para despenalizar el aborto, pero ninguna había obtenido el beneplácito para que se iniciara el debate en el Congreso. Ni siquiera bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, quien impulsó el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género.
Si finalmente la legalización ha llegado a ser discutida en el Congreso es porque el actual mandatario, Mauricio Macri, dio luz verde, a principios de año, para que sus legisladores respaldaran el quórum (129 diputados) para que se iniciase el debate. Y esto pese a estar opuesto al aborto.
Dos factores han sido determinantes en la decisión del presidente argentino. En primer lugar, la fuerte presión social que vienen ejerciendo los movimientos feministas en los últimos años. Y, por otra parte, la necesidad de buscar una válvula de escape a la crisis financiera que padece actualmente el país austral.
En todo caso, durante los meses de abril y mayo los debates, tanto en las comisiones parlamentarias como en los medios de comunicación, propiciaron una toma de conciencia social de la gravedad de la situación actual.
Así en Argentina, cada año, hay entre 450.000 y 500.000 interrupciones de embarazo, aproximadamente unas 60.000 hospitalizaciones por las complicaciones derivadas de las mismas y alrededor de 50 fallecidas.
Estas cifras no solo revelan la ineficacia de la prohibición, sino también sus consecuencias. Además, visibilizan la fractura social que escinde al país, puesto que no todas las mujeres pueden enfrentar de igual modo el aborto.
Por un lado, aquellas procedentes de las clases medias y altas urbanas están al tanto de la existencia de asociaciones que asesoran sobre cómo interrumpir el embarazo (medicación, acompañamiento) o bien pueden costearse la intervención en ciertas clínicas con toda seguridad, aunque de forma clandestina.
En la otra punta se encuentran las que pertenecen a las capas desfavorecidas y a las áreas rurales, sin recursos ni información, que se someten a métodos riesgosos –uso de agujas, sondas y aun de tallos vegetales, ejecución de legrados no controlados– o bien acuden a curanderas.
Todas estas distorsiones y consecuencias indeseadas están justamente en la mirilla del proyecto de ley que preconiza que toda mujer cuente con la posibilidad de abortar en cualquier hospital o clínica del sistema de salud del país en un plazo de cinco días después que realice su requerimiento.
Un suspenso interminable
No obstante, las cartas no están echadas. Para que el proyecto pase a ser sancionado definitivamente como ley tiene aún que superar el obstáculo del Senado, en el que la mayoría conservadora es más amplia que en la Cámara de Diputados. De los 72 integrantes de la Cámara Alta, 27 se han pronunciado ya en contra de la propuesta y solo 17 a favor.
Pero, después de estas semanas que han visto a todas las fuerzas políticas dividirse por el tema –desde el peronismo hasta el oficialista Cambiemos, salvo la izquierda que desde el inicio expresó su apoyo unánime a la legalización–, no es de descartar que los senadores sigan la vía de los diputados.
Como señala Laura di Marco en La Nación, "Argentina sigue dando muestras de su extravagancia política. Sin demasiada convicción, un gobierno tildado de centroderecha logró sacar del closet un tema tabú y hasta podría terminar, finalmente, con décadas de clandestinidad".
En ese sentido, los jefes de los dos bloques mayoritarios en el Senado, el peronismo y el oficialismo, confían en que la iniciativa tendrá los votos necesarios para la sanción completa.
Por lo pronto, como no hay hoja de ruta trazada, según como se tramiten los tiempos del debate en el Senado, el proyecto de ley podría votarse dentro de un par de semanas o dilatarse el suspenso hasta septiembre.
Hasta entonces las manifestaciones de color verde seguirán marcando el ritmo de los días en Argentina.

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