Friday, June 10, 2016

EN CUBA Y EN EL EXILIO LOS CUBANOS NO OLVIDAN EL CASO DE ARNALDO OCHOA

Abogado del diablo: El juicio al general Arnaldo Ochoa

La atroz "justicia" cubana que, a finales de los años ochenta, se cebó con el general de división Arnaldo Ochoa, finalmente fusilado. Gonzalo Celorio vuelve a ese dramático proceso, montado, dirigido y protagonizado por el fiscal, juez y verdugo Fidel Castro.
UNO
Privado del grado de general de división de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que ostentaba cuando encabezó las tropas cubanas en las misiones internacionalistas de Angola, Nicaragua y Etiopía; despojado del título honorífico de “Héroe de la República de Cuba” que el Consejo de Estado le había conferido por su esforzada victoria contra el ejército somalo en el Ogadén; expulsado del Partido Comunista de Cuba, a cuyo Comité Central pertenecía, y desposeído de su condición de diputado a la Asamblea Nacional, Arnaldo Ochoa, condenado a la pena capital por alta traición a la patria, fue fusilado el día 13 de julio de 1989.
Apenas un mes antes, el 12 de junio, Arnaldo Ochoa había sido “arrestado y sometido a investigación por graves hechos de corrupción y manejo deshonesto de recursos económicos”, según lo dio a conocer el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. A los pocos días y como resultado de las investigaciones y los interrogatorios, se le acusó de estar involucrado en “algunas operaciones de tráfico de drogas”, en contubernio con Pablo Escobar, jefe del Cártel de Medellín.
Para analizar la conducta del general de división Arnaldo Ochoa Sánchez, se convocó al Tribunal de Honor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El ministro, general de ejército Raúl Castro Ruz, rindió un informe ante el tribunal con el propósito de contribuir al esclarecimiento de los hechos. En él descalificó en términos personales la conducta del general Ochoa y lo acusó de corrupción, enriquecimiento ilícito y tráfico de drogas. El general Ochoa, por su parte, aceptó las impugnaciones de orden moral que recayeron sobre su persona y reconoció la comisión de los delitos que se le imputaron; hizo una severa autocrítica de su proceder; manifestó su más profundo y sincero arrepentimiento; deslindó al comandante en jefe, al ministro de las Fuerzas Armadas, al Partido y al gobierno de Cuba de cualquier participación en el tráfico de estupefacientes y finalmente descartó el carácter político de su detención y enjuiciamiento. Tras el interrogatorio, el Tribunal de Honor resolvió solicitar a las instancias correspondientes que el general Arnaldo Ochoa fuera despojado de los grados, cargos y reconocimientos que le habían sido conferidos a lo largo de su carrera militar y puesto a disposición del Tribunal Militar Especial para ser juzgado, con todo el rigor de la ley, por alta traición a la patria.
El 30 de junio se instaló el Tribunal Militar Especial, encargado de llevar a cabo el juicio. Desprovisto del uniforme militar con el que unos días antes había comparecido ante el Tribunal de Honor, Arnaldo Ochoa reconoció de nueva cuenta su culpabilidad. A pregunta expresa del fiscal, general de brigada Juan Escalona Reguera, desacreditó a la prensa extranjera que había visto en su proceso judicial los signos de la disidencia y de la lucha interna por el poder en Cuba. En su informe oral conclusivo, el fiscal lo encontró culpable y consideró que su castigo debía ser directamente proporcional a las altas distinciones de que había sido objeto. Solicitó al tribunal, en consecuencia, que fuera sentenciado a la pena capital. Tras el debate, el tribunal dictó sentencia de muerte a Arnaldo Ochoa Sánchez y a otros tres acusados, Antonio De la Guardia, Jorge Martínez y Amado Padrón.
Para concluir el proceso, Fidel Castro, en su calidad de presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba, reunió a los 29 miembros de ese órgano de gobierno. Cada uno de ellos expuso los motivos de su fallo con respecto a la sentencia emitida por el Tribunal Militar Especial. Después de todas las intervenciones y con el propósito de justificar su veredicto condenatorio, Fidel hizo un recuento pormenorizado de los daños que Ochoa le había infligido a la Revolución. Al término de su discurso, pidió que se cumpliera la formalidad de la votación. Por unanimidad, el Consejo de Estado ratificó la sentencia de muerte dictada por el Tribunal Militar Especial.

DOS
A lo largo del proceso, el diario oficial Granma presentó el caso del general Arnaldo Ochoa y sus cómplices como una afrenta a la Revolución cubana, que hubo de ser castigada de manera ejemplar para erradicar de tajo cualquier conexión de Cuba con el narcotráfico, “es a peste corruptora que infecta el continente”, y de la cual el país hasta entonces había podido librarse. Por el contrario, la prensa extranjera detractora del sistema político de Cuba no vio en el juicio y el fusilamiento de Arnaldo Ochoa el castigo a la participación de un militar de alto rango en operaciones de tráfico de estupefacientes, como se afanaba en presentarlo el gobierno cubano a la opinión pública internacional, sino la eliminación de un virtual adversario político. Y es que por sus prendas personales, su prestigio militar, adquirido en las misiones de Cuba en África y en Centroamérica, y su popularidad, debida, entre otros factores, a su extracción humilde, a su fisonomía morena y aindiada y a su propia personalidad carismática, se pensaba que Ochoa podía rivalizar con el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y aun con el mismo comandante en jefe de la Revolución cubana. Su fusilamiento, entonces, fue tomado por los analistas políticos contrarios al régimen cubano como un ardid que el propio Castro había tramado para devolverle a la Revolución su credibilidad en lo concerniente a su oposición al narcotráfico y, de paso, liberarse de un contrincante asaz peligroso. Los anticastristas no creían que Ochoa hubiese participado en operaciones de tráfico de drogas, pero, dado el caso de que así hubiese sido, no podían admitir que Castro hubiera permanecido al margen del asunto, pues consideraban que en ese país no se movía la hoja del árbol sin la voluntad del tirano. Arnaldo Ochoa era para ellos, pues, un chivo expiatorio, sacrificado por la decisión personal del dictador cubano.
Cuando yo supe del caso, sentí un estremecimiento. A pesar de haber sufrido algunas decepciones, siempre había defendido la causa de la Revolución cubana, pero también siempre había estado en contra de la pena de muerte, cualesquiera que fueran las circunstancias en que se aplicara, de manera que la ejecución de Arnaldo Ochoa y sus secuaces, aun en el supuesto de que los crímenes que se les imputaban fuesen absolutamente ciertos, me parecía reprobable por principio. No negaba que el delito por el que se les acusaba fuera grave, pues nadie puede pasar por alto los estragos que el narcotráfico ha provocado en nuestros países: ha perturbado sus economías, ha corrompido sus sistemas judiciales, ha generalizado la violencia. Tampoco negaba que la prensa norteamericana hubiera cargado las tintas, como acostumbraba hacerlo, al referirse al caso Ochoa. Sin embargo, los señalamientos de los analistas políticos adversos a la Revolución cubana, por suspicaces, tendenciosos y devastadores que fueran, despertaban la sospecha de que el asunto iba más allá de lo estrictamente judicial y tenía un cariz político. Expulsar a priori de mi mente esa sospecha me habría generado un sentimiento de traición intelectual mucho más amargo que asumirla hasta sus últimas consecuencias, así que le di cabida en mi corazón, no sin dolor y pesadumbre.
Desde el caso Padilla, que me había indignado igual que a tantos escritores respetables –muchos de ellos inclusive afines hasta entonces al régimen cubano, como Jean-Paul Sartre, Carlos Fuentes, Juan Goytisolo o Mario Vargas Llosa–, no había vuelto a sentir ese escozor que ni la fe más firme ni la convicción política más sólida pueden aliviar.

No comments:

Post a Comment