Thursday, February 25, 2016

COMO HUGO CHÁVEZ REGALÓ VENEZUELA: PRIMERA PARTE: NICARAGUA

Gentileza de Luis Marín
La bonanza de Daniel Ortega se llama Venezuela


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ARMANDO INVESTIGA
25 DE FERERO, 2016
La bonanza de Daniel Ortega se llama Venezuela
Desde que Caracas y Managua firmaron en 2007 un acuerdo para el suministro de petróleo subsidiado, el régimen sandinista no solo ha contado con excedentes para políticas clientelares. Gracias a los recursos venezolanos, la familia presidencial ha construido un imperio económico propio, de ambigua condición entre lo público y lo privado. En los últimos cinco años, los negocios de Ortega y asociados han pasado a dominar el mercado interno de la energía, así como las muy rentables exportaciones de alimentos de Nicaragua a Venezuela.Managua/Caracas.- Sonaría adecuado referirse a Albanisa como uno de los grandes holdings comerciales de Centroamérica. Importa, exporta, produce y distribuye petróleo, electricidad, combustibles al detal, alimentos y producciones audiovisuales, administra hoteles, hasta representar una buena porción del PIB de una economía pequeña como la de Nicaragua. Pero la historia de éxito de este emporio se funda sobre dos pecados de origen que la inhabilitan como ejemplo a seguir: el negocio está a cargo de una casta del poder político, la familia y allegados del presidente nicaragüense Daniel Ortega; y, además, toda la operación fue apalancada con fondos públicos y activos venezolanos.

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La empresa Albanisa ha crecido a la vera de la cooperación entre Caracas y Managua. En ocho años suma operaciones por más de 3.000 millones de dólares. Foto: Confidencial.com.ni
La vasta maniobra de apropiación de recursos de la cooperación internacional venezolana para favorecer a la familia presidencial nicaragüense ha tenido por vértice a Albanisa (Alba de Nicaragua, S.A.), una empresa que, aunque propiedad conjunta de la estatal petrolera venezolana Pdvsa (51% de las acciones) y de su contraparte Petronic (49% de participación), se constituyó en 2007 como una compañía privada. La decisión para registrarse así se remonta a motivaciones políticas: se quería evitar que el Congreso de Nicaragua, que incluía a una importante bancada opositora, tuviera potestad para supervisar a la empresa. Pero sus consecuencias más gruesas se reflejaron en el crecimiento del patrimonio y poder económico de los Ortega.
De este entramado se conocen detalles desde 2010. Desde entonces no ha hecho más que extenderse y sumar riqueza, a pesar de las denuncias periodísticas. Al día de hoy, el grupo de empresas detenta una posición casi de dominio en los negocios de venta de gasolina y de generación y distribución de electricidad. Acapara también el negocio de las exportaciones agroalimentarias a Venezuela, el mayor cliente del campo nicaragüense. Se calcula que en ocho años, el Gobierno de Ortega ha privatizado 3.047 millones de dólares provenientes de Venezuela, del total de 3.423 millones de dólares en cooperación estatal (que también incluye aportes del Banco de Desarrollo de Venezuela, Bandes), con la venia activa del régimen de Caracas.
Al principio fueron los dólares
El trasfondo de este negocio es político. Dos aliados ideológicos y geopolíticos, el sandinismo y el bolivarianismo, sellaron su pacto con los acuerdos de cooperación suscritos en marzo de 2007 entre los presidentes Hugo Chávez y Daniel Ortega. Antes, en enero de 2007, también se habían hecho partes del acuerdo fundacional de Petrocaribe. Apenas cuatro meses más tarde, se conformó Albanisa, la empresa encargada de administrar la factura de los diez millones de barriles de petróleo al año subsidiado que Caracas concedería a Managua.
El esquema que sirvió de marco al acuerdo establecía que Nicaragua pagaría 50% de la factura petrolera a 90 días y el otro 50% se pagaría en términos concesionales pactados a más de 23 años de plazo, con dos de gracia, quedando este fondo a disposición de Nicaragua para financiar obras de infraestructura y proyectos sociales.
Unos meses después, a finales de abril de 2007, ambos presidentes suscribieron el acuerdo energético de la Alba (Alianza Bolivariana de los Pueblos), que comprendía una modificación de las condiciones: 25% de la factura pendiente quedaría como cooperación no reembolsable canalizada a través del Fondo Alba, y el restante 25% sería asumido por Nicaragua. Pero faltaban nuevas alteraciones del acuerdo, que resultarían funcionales para el trasvase de los fondos venezolanos al patrimonio de la familia gobernante.
“En enero de 2008 se acordó entre ambas partes modificar el artículo IV del acuerdo de Cooperación Energética del Alba para establecer que ‘corresponderá a una entidad jurídica nicaragüense seleccionada por (Petróleos de Venezuela) Pdvsa recibir’ una parte de la cooperación”, explica Adolfo Acevedo, un economista nicaragüense conocedor de la materia. La persona jurídica beneficiada terminó por ser la cooperativa sandinista Caja Rural Nacional (Caruna), que llegó a administrar, de acuerdo con cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN), 599 millones de dólares  entre 2007 y 2009, una cantidad de cuyo uso no hay muchos detalles.
Ese esquema de financiamiento funcionó hasta 2010. Entonces toda la factura petrolera pospuesta como fondo para el desarrollo fue asumida como préstamo para Caruna. A la vez, se cambian de nuevo las reglas del juego para destinar 38% de la cooperación petrolera a donaciones de índole social, y 62% a inversión en proyectos con fines de lucro. Esto último se conoce por los términos en que, ese año, el Gobierno de Managua informaba al Fondo Monetario Internacional (FMI).
De la noche a la mañana quedaba así legitimada la inyección directa de recursos a empresas
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El holding de la familia presidencial de Nicaragua vende petróleo, exporta hortalizas, tiene canales de televisión y hasta hoteles como el Seminole de Managua que se ve en esta gráfica. Foto: Seminoleplaza.com
No es de extrañar que sea el año 2010 cuando se detonan las denuncias sobre financiamiento abierto a empresas privadas. “Desde 2010 hasta 2014 se destinaron en promedio anual 302,3 millones de dólares a proyectos de inversión con fines de lucro y 155,3 millones de dólares a los que el Gobierno denomina proyectos sociales, aunque el FMI los distingue como operaciones cuasi-fiscales”, Acevedo saca cuentas.
En enero de 2010 se supo de un préstamo de 11 millones de dólares de otra empresa del grupo, Albalinisa, para que los Ortega adquirieran el Hotel Seminole, un tres estrellas de Managua, y desarrollaran un proyecto agropecuario con cinco mil cabezas de ganado. Albanisa destinó 9,7 millones de dólares para la compra del canal 8 de televisión, y Caruna concedió un préstamo de 160.000 dólares al canal 4, ambos gerenciados por los hijos de la pareja presidencial. Casi cuatro millones de dólares fueron entregados a constructoras de Francisco Chico López, el tesorero del gubernamental Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) –también vicepresidente de Albanisa y presidente de Petronic–.
El accionista principal de Albanisa es la petrolera estatal venezolana Pdvsa, representada en su Junta –como presidente– por Asdrúbal Chávez, primo del fallecido comandante Chávez y actual ministro de Petróleo en el gabinete de Nicolás Maduro.
Si todas estas transacciones se realizaron sin la anuencia de la parte venezolana, Chávez no hizo valer su mayoría. Pero todo parece indicar que los accionistas venezolanos estaban al tanto y de acuerdo. En 2010, cuando se divulgaron las primeras versiones sobre las puertas giratorias que comunicaban los fondos venezolanos con las empresas privadas de los jerarcas sandinistas, Rafael Paniaguas Barras, Gerente General de Albanisa para la fecha, declaró desafiante a la prensa: “Es cierto que compramos Canal 8, ¿y qué tiene de extraño?”.
Paniaguas, ingeniero venezolano cercano a Asdrúbal Chávez, fue retirado de su cargo a raíz de esas declaraciones y devuelto a Pdvsa. En 2014 recibió su jubilación de la estatal petrolera y más nunca ha salido en público. Ni siquiera en su nuevo destino: Houston (Texas, Estados Unidos), capital mundial del negocio de los hidrocarburos, donde no pudo ser contactado para este reportaje.
Electricidad: Negocios poco comunes pero corrientes
Luego de ese zafarrancho inicial, casi como una consecuencia lógica de su origen, Albanisa se ha convertido durante los últimos cinco años en un actor principal del mercado energético en Nicaragua.
En el sector eléctrico tiene contratos garantizados por 350 millones de dólares en los próximos 15 años, aunque mantenga sus máquinas apagadas. De acuerdo al Instituto Nicaragüense de Energía, las nueve plantas –diez, pronto– de Albanisa concentran 25.4% (331 megavatios/hora) de la capacidad instalada para la generación eléctrica en el país (1,311 megavatios/hora). Todos sus contratos han sido el resultado de asignaciones directas, sin licitación.
Se trata de un crecimiento exponencial del negocio, desde que en 2007 llegaron a Nicaragua las primeras plantas Hugo Chávez para superar los crónicos apagones que azotaron al país en la última etapa de la administración del ex presidente Enrique Bolaños en 2006.
Esas plantas, llegadas desde Venezuela, funcionan con diésel y están concebidas como soportes de emergencia, y no para servir de bases a un sistema eléctrico regular. Sus costos de producción son altísimos y tienden a dañarse. De hecho, han funcionado muy poco.
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De lentes y a la derecha de esta imagen, el venezolano Rafael Paniagua, quien estuvo a la cabeza de Albanisa, acompañó al nieto de Sandino a presentar un libro en Caracas. Foto: Correo del Orinoco 12/08/13.
Luego la excepcionalidad se impondría. El Estado anuló la licitación pública establecida en la ley y el gobierno de Ortega recurrió a la contratación directa, después de incluir en una ley trabajada con carácter de urgencia la obligación de contratar 100 megavatios/hora adicionales a la brevedad.
Finalmente, Albanisa trajo 230 megas de manera escalonada con unas plantas a las que bautizaron como Che Guevara, baterías de turbinas de 2.4 megavatios.
Ahora, en el sector Los Brasiles, al este de Managua, Albanisa trabaja en la construcción de una nueva planta, con otra tecnología, para producir 140 megavatios.
Pero no es solo generación. También la distribución.
El ingeniero Francisco López, vicepresidente de Albanisa, es el representante del Estado de Nicaragua en la junta directiva de las distribuidoras de electricidad Disnorte y Dissur, ahora en manos del consorcio español TSK-Melfosur (TMI), por designación del presidente Daniel Ortega.
En efecto, el 12 de febrero de 2013, Gas Natural –otra empresa española– confirmó que había vendido 83.69% de las acciones que tenía en la Distribuidora del Norte S.A. (Disnorte) y 83.73% de la Distribuidora del Sur (Dissur) al nuevo consorcio, por un monto de 57,8 millones de dólares, según una nota de prensa oficial. El resto de las distribuidoras es propiedad del Estado nicaragüense, cuyas acciones Chico López representa.
Sin embargo, según fuentes del sector privado, el verdadero dueño es Albanisa, que habría capitalizado las deudas por 85 millones de dólares que el anterior propietario, Gas Natural, mantenía con el consorcio nicavenezolano.
“Al realizarse la compra-venta, Albanisa pasa a ser el dueño mayoritario. Si vos querés acordar un contrato con la distribuidora, terminas negociando con Chico López”, dijo una fuente del sector privado que lamenta el secretismo en la operación, cuyos términos nunca fueron expuestos a la luz pública.
Crudo, combustibles, y otros oros muy negros
También una de las mayores redes de gasolineras del país, la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), con 74 estaciones de servicio, fue sumada al grupo. Si bien el Gobierno sandinista había proclamado que la nacionalizaría, rescatándola así de las manos de la trasnacional de origen suizo Glencore –a cargo de la concesión–, las indagaciones del diario La Prensa de Managua determinaron que en realidad se adjudicó a una empresa privada de José Mojica Mejía, José María Enríquez Moncada y Aura Toruño Porras, todos vinculados directamente a la familia presidencial.
Por ejemplo, Enríquez, de profesión abogado, es a la vez vicepresidente de la fundación del canal de televisión TN8, adquirido en 2010 con fondos de Albanisa (9,7 millones de dólares) y cuya propiedad aparece ahora a nombre de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial.
También es elocuente que la gerencia ejecutiva de DNP recayera en Yadira Leets Marín, esposa de Rafael Ortega Murillo, hijo mayor del matrimonio del comandante Daniel Ortega y de su primera dama –y verdadero poder detrás del trono–, Rosario Murillo.
Pero el proyecto estelar de Albanisa en el área de infraestructura para el procesamiento y distribución de combustibles es la refinería El Supremo Sueño de Bolívar, cuya piedra angular fue colocada por los presidentes Chávez y Ortega en julio de 2007 en la zona de Miramar, sobre la costa occidental nicaragüense que da al Pacífico.
SIGUE

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