Sunday, November 25, 2012

CHÁVEZ CON VENGANZA

Regresó la lista Tascón

 El Nacional
Trabajadores que critican la gestión oficialista son removidos de sus cargos. Denuncian que ha recrudecido el acoso contra quienes simpatizaron con Henrique Capriles Radonski el 7-O
El 25 de abril de 2005, durante el quinto gabinete móvil realizado en Puerto Ordaz, estado Bolívar, el presidente Hugo Chávez anunció que iba a archivar y enterrar la lista Tascón. “Si alguno de nosotros para tomar una decisión personal con alguien va buscar la lista está trayendo situaciones pasadas al presente y contribuyendo a crearlas”, dijo.
El mensaje conciliador alivió a los trabajadores del sector público aunque, como sostienen sindicalistas, directores de organismos y gerentes de empresas del Estado aplicaron los criterios de discriminación laboral de la lista, hecha pública en 2004 por el diputado Luis Tascón, fallecido en agosto de 2010.
“La lista siempre estuvo en el ambiente, pero días antes del 7 de octubre recrudeció el acoso en los centros de trabajo”, dijo un funcionario que solicitó no mencionar su nombre.
“El fantasma de la lista siempre nos ha acompañado. Por eso los empleados públicos nos dedicamos a cumplir nuestro trabajo y no meternos en política”, señalaron funcionarios que pidieron el anonimato. Uno de ellos contó: “De la manera más sutil los jefes militantes del PSUV te invitan a inscribirte en el partido porque debes agradecer que gracias a la revolución tienes un empleo con posibilidades de ascenso si eres leal al proceso”.
Otro empleado agregó: “Para no meterse en problemas, los trabajadores acceden a participar en las marchas políticas, donar un día de salario o vender rifas del PSUV en las campañas electorales”. Los entrevistados coincidieron en que últimamente se ha recrudecido el acoso laboral contra quienes manifestaron su simpatía por el candidato presidencial Henrique Capriles Radonski.
Betty Suárez, secretaria general del sindicato del Ministerio de Finanzas, denunció que días antes del 7-O los jefes iniciaron la persecución laboral contra los que ejercieron su derecho constitucional y democrático de manifestar su apoyo al candidato de la oposición en una campaña electoral abierta.
“Eso le costó caro a los trabajadores del Seniat con medidas de castigo como la remoción de los cargos. Se alegó que son empleados de confianza cuando son de carrera y tienen estabilidad, y el traslado inconsulto de más de 16 empleados a puntos lejanos de sus hogares. En Maracaibo fueron trasladados funcionarios a las oficinas de Santa Bárbara, a seis horas de la capital zuliana. No respetaron que son madres que deben atender a sus hijos. Una de ellas tiene a su hija herida de bala y debe atenderla”, expresó Suárez.
La dirigente añadió que a empleados de Puerto Cabello (Carabobo) los trasladaron a San Carlos (Cojedes), Cagua y Maracay (Aragua), lo cual constituye un despido indirecto. Informó que el sindicato ha solicitado audiencias al superintendente José David Cabello, pero se niega a recibirlos.
Purga socialista. El desconocimiento y acoso laboral se han extendido a los seguidores del chavismo que han hecho críticas o han cuestionado la gestión de lo que ellos denominan “tecnoburócratas”. Entre estas voces están los dirigentes sindicales de la central oficialista Unión Nacional de Trabajadores, encabezada por Marcela Máspero.
Pedro Gallardo, delegado de prevención de la planta de Cementos Venezolanos en Maracay y miembro de la Unete, aseguró que con la excusa de un reposo médico fue removido a un cargo administrativo con desmejoras salariales y en otros beneficios socioeconómicos.
“El médico certificó que estoy en condiciones de volver a manejar la gandola, pero la empresa se niega a reinsertarme”, dijo Gallardo. Señaló que fue castigado por denunciar ante el Inpsasel el incumplimiento de la cementera de las normas de seguridad e higiene industrial, lo cual ocasiona accidentes con lesiones y enfermedades ocupacionales a los trabajadores.
Pero las amenazas y traslados inconsultos también afectan a los trabajadores de la planta de Catia La Mar, en Vargas, donde han realizado manifestaciones casi a diario con sus familias en reclamo de los derechos laborales. “Hay una purga contra los sindicalistas revolucionarios que cuestionan a los gerentes, que se definen como socialistas pero persiguen a los trabajadores, cuando su obligación es defenderlos sean partidarios o no de la revolución”, consideró Gallardo.
Igual tratamiento denuncian los impulsores del control obrero en el sector eléctrico –corriente de Ángel Navas, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Eléctricos–, además de los promotores de ese mecanismo en las industrias básicas de Guayana.
Los seguidores del ex presidente de la Siderúrgica del Orinoco Carlos de Oliveira, designado por el control obrero, señalaron en un comunicado el 4 de noviembre que había una persecución por parte del nuevo presidente, Rafael Gil Barrios, impuesto por el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez.
A juicio de Junis Hernández, dirigente sindical opositor de Unidad Matancera (La Causa R) en la acería, hay una purga política de la facción dominante del PSUV contra otras corrientes del chavismo. “Esa lucha por el poder imposibilita la recuperación financiera y operacional de Sidor”.
Todo comenzó en 2003. En línea con las acusaciones del chavismo sobre la intención desestabilizadora de la oposición, el entonces diputado Luis Tascón dio a conocer la lista, con nombres y número de cédula de los ciudadanos que solicitaron en 2003 al Consejo Nacional Electoral la realización de un referéndum para revocar el mandato del presidente Chávez, consulta que se efectuó el 15 de agosto de 2004.
Tascón subió la base de datos del CNE a su página web y desde ese momento fue usada por jefes de los organismos y empresas del Estado para impedir que venezolanos consiguieran empleo o suscribieran contratos en el sector público porque firmaron la solicitud del revocatorio, derecho establecido en la Constitución.
En los órganos estatales se desató una persecución contra los trabajadores que aparecían en la lista o se sospechaba que habían votado Sí en el revocatorio. Ante ello, la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos llevó la queja a la 93 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, reunida en Ginebra, Suiza, del 31 de mayo al 15 de junio de 2005.
Fedeunep denunció las amenazas y los despidos contra miles de trabajadores del Estado, lo que es una violación del Gobierno de Venezuela al convenio 111 de la OIT, que prohíbe la discriminación racial, social, de género y política en el empleo y la ocupación.
“Pdvsa instrumentó con más fuerza la lista Tacón en respuesta al paro petrolero de diciembre de 2002 y febrero de 2003, pero en el presente el blanco son asesores, consultores, profesionales y técnicos contratados, a los que no le renuevan el contrato sin explicación alguna”, aseguró José Bodas, secretario general de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela.
En 2006, en un acto en el Terminal de Guaraguao, Anzoátegui, el ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, afirmó que la  petrolera era “roja rojita” y no daba cabida a los que no compartieran el modelo socialista del presidente Chávez.
El mandatario dijo que Ramírez se merecía el Premio Nobel por la frase, y la coloración política carmesí se extendió al resto de la administración pública, empresas del Estado y las gobernaciones y alcaldías en manos del oficialismo. La lista Tascón revivía.
Exclusión en la misión Amor Mayor
Uno de los requisitos de los consejos comunales para incluir a los aspirantes en la Misión en Amor Mayor es que manifiesten su respaldo incondicional al presidente Hugo Chávez, pues el registro de interesados está a cargo de los dirigentes de las comunidades que maneja el PSUV.
Edgar Silva, representante del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores, aseguró que las salas de batalla de las comunidades encargadas de hacer el censo velan porque los beneficiarios de la misión, creada en diciembre de 2011, sean leales a la revolución.
“El derecho constitucional de todo venezolano de tener una pensión se ha convertido en un hecho político”, denunció. Agregó que en la campaña para la elección de gobernadores del 16-D, “los candidatos del oficialismo realizan actos proselitistas en los que entregan a unos pocos ancianos la pensión para que voten por ellos”.
Informó que no se ha dado respuesta a las solicitudes hechas hace años por más de 200.000 adultos mayores ante el Instituto Nacional de Geriatría, que absorbió el Instituto Nacional de Servicios Sociales.

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