Wednesday, October 27, 2010

DE CUBA A CUBILLAS

Por Luis Marín

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DIARIO DE AMERICA

Dice el régimen que el etarra Arturo Cubillas no puede ser procesado con base en declaraciones provenientes de unos “terroristas sanguinarios, sin ninguna autoridad ética, carentes de toda credibilidad”; en cambio, Alejandro Peña Esclusa llega meses en prisión acusado por las supuestas declaraciones de Francisco Chávez Abarca, cuya única credencial es ser un terrorista sanguinario, sin ninguna autoridad ética y carente de toda credibilidad.

Por supuesto, hay diferencias: Aquellos son dos ciudadanos españoles, vascos para más señas, militantes convictos y confesos de ETA, que rinden ante un juez español, de cuerpo presente, declaraciones concordantes y luego quedan allí, a disposición de la justicia, a la vista y escrutinio del público.

Éste es uno solo y mientras que dos testigos hacen plena prueba, está escrito que “por la declaración de un solo testigo nadie podrá ser condenado”; su declaración es apócrifa, rendida con pasaporte falso e identidad supuesta, ante un funcionario incompetente, luego se sumergió en Cuba y no puede ratificar lo dicho en el tribunal, ni ser repreguntado, por lo que sus dichos carecen de todo efecto legal.

Pero lo más grave es que estos hechos son de dominio público y notorio, sin embargo, Cubillas sigue mandando y Alejandro sigue preso, sin que pase nada, ni un solo funcionario de la Fiscalía, ni un solo juez, ni siquiera un Colegio de Abogados, ONG, Amnesty International, HRW, OEA, ONU, nadie hace nada.

Y esto se ha vuelto costumbre, al punto que puede considerarse como el logro más alto de la revolución en materia jurídica el establecimiento del principio de “Desigualdad ante la Ley”.

Recordemos el caso de Puente Llaguno, en que los famosos pistoleros que fueron vistos, retratados y filmados disparando a mansalva contra población civil indefensa no solo fueron absueltos de todo cargo criminal, sino declarados como héroes de la revolución y siguen gozando de remuneraciones y cargos públicos.

Mientras que los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y los seis policías metropolitanos fueron condenados hasta a 30 años de prisión, la pena máxima admitida por la legislación penal venezolana, por el ejercicio de las funciones inherentes a los cargos que desempeñaban, perfectamente legales y sin que se les demostrara transgresión alguna.

Algo semejante puede decirse del caso de la juez María Lourdes Afiuni, que se encuentra en prisión por haber dictado una medida que se encuentra entre las atribuciones legales del cargo que desempeña, y que en el supuesto negado de que hubiera sido dictada irregularmente, lo que no se ha demostrado, a lo sumo daría lugar a la instrucción de un expediente administrativo y a la aplicación de una medida disciplinaria; pero nunca jamás a la apertura de un proceso judicial, por hechos que evidentemente ni siquiera revisten carácter penal.

Y aquí llegamos al quid de la cuestión: la flagrancia con que se perpetran las injusticias son un claro mensaje político contra la población. Nadie está seguro de nada, ha desaparecido el amparo de la Ley, no hay garantía para los derechos humanos y ciudadanos. Los comunistas ni siquiera se sienten vinculados por la coherencia de su propio discurso que sirve para unos sí, pero para otros, no. La Ley no es la misma para todos.

Los derechos naturales del hombre se desconocen explícitamente: la libertad, la propiedad, la igualdad, ante lo que sólo queda “la resistencia a la opresión”.

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