Friday, February 26, 2010

PERSISTIENDO EN EL ERROR

TalCual
El Informe de la CIDH es una manera de ayudar en el propósito de ayudar a mejorar la situación de derechos humanos en el país. Pero la conducta gubernamental de descalificar es una muestra de la intolerancia denunciada
Por: Marino Alvarado/Coordinador de Provea

Una vez más el gobierno venezolano de manera apresurada descalifica el Informe sobre la Democracia y los Derechos Humanos en Venezuela publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado miércoles 24.

Es la conducta reiterada desde el 2003 que en nada contribuye a producir un debate serio y responsable sobre cómo mejorar la situación de los derechos humanos en nuestro país.

Lo adecuado, democrático y coherente con el hecho de haber suscrito el Estado venezolano más de 80 convenios en materia de derechos humanos, es analizar las observaciones de la Comisión, evaluar las recomendaciones y adoptar medidas adecuadas para implementarlas.

Aquellos aspectos del informe y recomendaciones que el gobierno no comparta tiene el pleno derecho de cuestionar y criticar incluso de manera pública y además usar los mecanismos institucionales de la Organización de Estados Americanos para realizar dichas observaciones.

Pero descalificar todo el informe y despreciar el esfuerzo de la Comisión es colocarse de espaldas a una conducta cónsona con el real interés de mejorar la situación de los derechos en el país.

El informe de la Comisión no es una intromisión de un organismo extranjero en los asuntos del país. La Comisión tiene el derecho y el deber de realizar dicho monitoreo como parte de las obligaciones que se desprenden de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y es una labor admitida por el Estado venezolano desde el momento que ratificó tan importante tratado internacional.

El propio presidente Chávez en el año 2000, al visitar en Washington a los integrantes de la Comisión Interamericana, los exhortó a contribuir con el monitoreo y mejora de la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Y el Informe es una manera de ayudar en ese propósito. La conducta gubernamental de descalificar es parte de esa gran intolerancia que muestra frente a la crítica a su gestión.

No admite el más mínimo señalamiento de sus errores y carencias, incluso de aquellas reconocidas por el presidente Chávez y otros importantes voceros gubernamentales.

Por ejemplo, en más de una ocasión han reconocido el grave problema con las policías en cuanto a sus constantes y diversas formas de maltratar a la ciudadanía. Eso que también lo afirma la Comisión ni siquiera se admite.

El gobierno igualmente ha manifestado su preocupación por la difícil situación en las cárceles y sin embargo descalifica el diagnóstico que la Comisión realizó. Se podría enumerar muchas otras situaciones a la vista de todos y todas. Lo único que le interesa es afirmar una y otra vez que la Comisión y su labor son parte de un plan para desprestigiar al gobierno.

Qué poca seriedad para manejar un asunto tan delicado como es la relación con los organismos multilaterales de protección de los derechos humanos.

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